Dólares y sentido común: Cómo y por qué el sector privado debe defender los derechos humanos

9 de enero de 2017

- Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dentro de pocos días, cuando cientos de dirigentes políticos, empresariales y de los medios de comunicación se reúnan en Davos para examinar los desafíos mundiales, lo harán un contexto dominado por la perspectiva de graves perturbaciones.

La severa reacción de la población en contra de esas minorías dirigentes ha generado trastornos que auguran cambios de gran calado en las instituciones y las políticas, a escala nacional, regional y mundial.

Muchos de los problemas más urgentes que se debatirán en Davos tienen su origen en el hecho de que no se ha garantizado la adecuada protección de los derechos humanos –entre otros, el derecho de cada miembro de la sociedad a participar en la toma de decisiones y el derecho a bienes y servicios básicos, tales como la atención médica, la educación y los medios de subsistencia decentes. Hay además preocupaciones muy reales acerca del modo de funcionamiento de la economía mundial y de su incapacidad para generar prosperidad y seguridad para todos.

Este fracaso generalizado en la tarea de garantizar el acceso equitativo a los recursos, la prosperidad y la seguridad económica, alimenta la violencia, fomenta la migración en condiciones precarias y suscita apoyo a movimientos sectarios, basados en el odio. También ha contribuido al auge de corrientes populistas y nacionalistas de corte etnocentrista, que probablemente en los próximos meses aticen la xenofobia y la violencia en numerosas regiones, menospreciando las soluciones colectivas y el derecho internacional. Y a medida que esta marea de odio asciende en torno nuestro, crece el peligro de que esas corrientes arrasen con los principios fundamentales que protegen a las sociedades pacíficas y estables.

Las empresas desempeñan una función esencial en estos retos de hoy y serán fundamentales para potenciar nuestra capacidad de respuesta. Las compañías responsables valoran la estabilidad: instituciones sólidas, funcionamiento eficiente de la justicia, desarrollo sostenible y confianza de la población en las perspectivas de seguridad personal que ofrece una paz de amplio espectro. Estos elementos interdependientes sólo pueden generarse cuando se defienden los derechos humanos.

Muchos líderes empresariales reconocen que los buenos negocios se logran cuando se negocia correctamente. Esos dirigentes aplican ya los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, a fin de abordar las repercusiones que en materia de derechos humanos tienen sus operaciones y cadenas de suministro, e incorporan a sus actividades lo dispuesto en los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción. Mediante estos esfuerzos, las empresas están mejor preparadas para gestionar el riesgo de los daños masivos a su reputación que se producen cuando se les considera involucradas en graves violaciones de derechos humanos, tales como el trabajo infantil y la esclavitud moderna.

Pero los dirigentes empresariales también deben mirar al exterior, a las comunidades en las que se desempeñan. Los agentes empresariales pueden ser poderosos promotores de los derechos humanos que contribuyan a crear sociedades resistentes, pacíficas y estables, capaces de superar los conflictos y mirar al futuro. En la actualidad, numerosos jefes de empresa comprenden ya que les interesa luchar contra la discriminación, las desigualdades, la xenofobia, la violencia y el odio, incluso mediante el cabildeo ante las autoridades para que éstas tomen medidas y el empoderamiento de su personal para que defienda esos derechos. En su condición de agentes importantes a escala local, nacional y regional, las empresas pueden influir considerablemente en el empoderamiento de las mujeres, los migrantes, las minorías y los grupos marginados, entre otros, en el colectivo LGBTI. Su influencia puede transformar el panorama público en materias tales como la seguridad alimentaria, los derechos relativos a la tierra, la sostenibilidad medioambiental, el derecho a la intimidad y otros asuntos esenciales.

Las empresas no pueden prosperar en sociedades fallidas, donde las tensiones se disparan y las comunidades viven en un contexto de afrentas y desprecio mutuo. Una sociedad civil sólida, con los debidos procedimientos judiciales, con igualdad y justicia: esos son los factores que propician el auténtico empoderamiento económico. Las personas no pueden ser únicamente los medios del desarrollo, los instrumentos que producen riqueza. Deben ser los motivos del desarrollo, sus porqués. En este aspecto, los derechos humanos –dignidad y bienestar- son la finalidad misma del crecimiento económico.

Se precisa de medidas urgentes para restablecer la confianza pública en las instituciones. Las empresas deben responder que su función consiste no sólo en ganar dólares, sino en generar sentido común. Deben demostrar que son agentes responsables que darán un paso al frente y desempeñarán una función decisiva en la defensa de los valores que garantizan la seguridad de todos los pueblos del mundo.

Los agentes del sector privado deben garantizar al mundo que defenderán hoy los derechos de otras personas.

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